Mientras Podemos ha abierto en el Parlamento español el melón de la legalización del cannabis, la formación morada sigue batallando en Bruselas para conseguir que la marihuana medicinal (primero) y recreativa (a continuación) deje de estar estigmatizada. Nos ponemos al habla con Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos y miembro de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Podemos está a favor de la legalización, pero también de fiscalizar la venta del cannabis y sus derivados para que “toda la sociedad y no solo las multinacionales se beneficien”.

¿Qué está haciendo Podemos en Bruselas para despenalizar el consumo de cannabis?

Hace un año y medio que tuvimos el primer debate en el Parlamento Europeo y ya hemos conseguido meter en Comisión el tema de la legalización del cannabis. Invitamos a activistas de toda Europa y a pacientes que sufren dolor crónico. Entendemos que es más fácil que la regulación empiece por el tema medicinal, pero finalmente tiene que ser integral.

¿Qué sensaciones encontrastéis entre los eurodiputados con respecto a la propuesta?

En general, todos los grupos políticos nos dieron su apoyo para elevar una pregunta oral a la Comisión Europea. Por tanto, entendemos que se trata de una cuestión transversal: todos los grupos entienden que existe una necesidad de que los pacientes no estén estigmatizados y puedan acceder fácilmente a los tratamientos. El problema es cuando hablamos de ir más allá, ahí sí encontramos reticencias, porque el cannabis es un negocio multimillonario a nivel mundial, y hay mucho interés de las compañías privadas por entrar en el mercado, lo estamos viendo ahora con empresas como Coca-Cola.

¿Reticencias por parte de quién?

Precisamente como mueve tanto dinero, creemos que ese dinero tendría que ir a las arcas públicas y el beneficio revierta en el bien común, no solo en el interés de las corporaciones. Ahí es donde estamos encontrando reticencias y ahí la batalla va a ser más complicada. La experiencia de Uruguay y algunos estados de EE.UU. nos dice que la legalización del cannabis es una manera de generar empleo, aportar dinero a las áreas públicas y revitalizar las áreas rurales, sobre todo en España, un lugar en el que el cultivo del cannabis es propicio por el clima que tenemos.

¿Esas multinacionales se oponen a la regulación o al modelo de regulación que propone Podemos?

Una cosa es legitimar el consumo y otra cosa es la que proponemos nosotros, que es que exista un cierto control sobre el cultivo del cannabis, para que cualquier persona pueda cultivar en su casa sin ser perseguida penalmente. El problema está en que estas corporaciones, cuando ven demasiado control jurídico, más reticentes son porque ven que van a perder beneficios. Ante cualquier propuesta de regularización se sienten atacados. Al reguralizarlo tratamos de impedir que haya un mercado tan libre que pase por encima de los derechos de los usuarios. Tenemos que conseguir que cualquiera tenga acceso al cannabis con todo tipo de garantías jurídicas y sanitarias.

Se han pedido más de 160 solicitudes de licencias para cultivar cannabis medicinal en España, pero la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solo ha concedido 5, todas ellas para empresas farmacéuticas o biotecnológicas (como el caso de la multinacional del opio Alcaliber, del magnate Juan Abelló). ¿Por qué se ponen tantas trabas a las empresas e instituciones que quieren dedicarse a la investigación de las propiedades medicinales de la marihuana?

Precisamente los intereses creados de que hablaba anteriormente. Hay gobiernos que legislan para proteger los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes industrias farmacéuticas y no el interés general de la ciudadanía. Lo correcto sería derribar las trabas para la investigación, y así poder conocer con certeza cuáles son los beneficios del cannabis en enfermedades y dolencias. Los equipos médicos con los que trabajamos siempre nos repiten lo mismo: el estigma que tiene el cannabis encima impide que podamos trabajar e investigar. Para derribar estas trabas hace falta voluntad política, lo que pero no la hay, así que estamos intentando generar espacios, tanto en los medios de comunicación como en los espacios públicos, donde se hable del cannabis como lo que es: una planta que tiene muchos beneficios.

¿Qué opinión te merece el llamado “cannabis light”, cannabis con baja psicoactividad pero grandes propiedades terapéuticas gracias el CBD? ¿por qué unos países como Suiza (1% THC) o Italia (0,6% THC) permiten unos límites y otros como Francia (0,2% THC) o España (0,3% THC) otros más bajos?

Lo que tiene que haber son más medios para la investigación solvente e independiente para saber hasta dónde se puede llegar con el cannabis en el campo médico y medicinal. Creo que hay tanta diferencia de criterio entre países precisamente porque no nos hemos atrevido a abrir el debate. Cuando lo hagamos, sin duda los criterios se podrán unificar, pensando más en los beneficios para la salud pública que en los intereses particulares de los productores.

Suele decirse que el CBD, en cannabis medicinal, es el ariete para derribar el edificio de la prohibición. ¿Crees que el CBD puede acabar siendo una burbuja y que el cannabis medicinal quede finalmente en manos de las farmacéuticas?

Cabe ese riesgo. Si se deja al albedrío del libre mercado, será él quien decida cuál es la oferta, la demanda y los precios. Por eso hace falta intervenir, para poder garantizar el acceso a las sustancias, poner reglas claras sobre el cultivo y el consumo, y garantizar que los enfermos tengan garantía total de su uso. Lo que es intolerable es que los enfermos se vean estigmatizados por utilizar el cannabis para combatir el dolor.

¿Consideras que el modelo de regulación uruguayo es extrapolable para España?

Puede ser un modelo a implementar, aunque son dos países bien distintos, con una capacidad de producción muy dispar. El consumidor tipo tampoco es igual. Lo que sí que pensamos, independientemente del modelo de legalización, es que el beneficio económico repercuta en la mayoría de la población. También habría que diferenciar entre quienes deseen cultivar para consumo propio y quienes quieran dedicarse a la producción y la venta.

Otro beneficio para el Estado sería reducir sustancialmente el gasto en represión y vigilancia del comercio de cannabis. ¿Tenéis cuantificado cuál sería este ahorro?

Hay estimaciones hechas extrapolando datos de otros mercados regulados que calculan que la legalización del cannabis permitiría recaudar más de 1.200 millones de euros sólo en impuestos indirectos que irían a parar a las arcas del Estado. Y la recaudación se dispararía si se creasen los establecimientos de venta y consumo legal. La misma Organización de Inspectores Fiscales emitió hace unos años un comunicado en el que pedía la legalización de la marihuana señalando que reportaría miles de millones de euros en impuestos al Estado.

Efectivamente y como bien dices, el beneficio es doble: por un lado lo que ingresa el Estado por la vía de impuestos y por otro lo que ahorra en vigilancia. Con la despenalización atacamos a las mafias pero también a la precariedad, porque hay muchísima gente en este país que se ve obligada a menudear con cannabis (eso lo sabe todo el mundo, aunque no se quiera decir) y si esa gente pudiera hacer lo mismo de una manera lícita cambiaría mucho su forma de estar en la sociedad.

Cambiaría su estatus no sólo económico sino social: dejarían de ser “camellos” y se convertirían en vendedores legales de cannabis.

Estigmatizados y en una situación de permanente vulnerabilidad jurídica, cuando no estás haciendo nada malo, sobre todo si está regulado.

El Tribunal Constitucional acaba de tumbar la ley catalana que regula los clubs sociales de cannabis por invadir competencias del estado. Pasó lo mismo con la ley navarra y la vasca. ¿Cómo se puede esquivar el muro del Constitucional a la hora de regular estos clubs y defender los derechos de los consumidores de tener acceso a la marihuana de forma segura?

Cuando consigamos abrir el debate en serio y ponerlo en primer orden, conseguiremos que esas leyes emanen de donde tienen que emanar y tengan una legitimidad política mucho mayor. No es lo mismo una normativa surgida en Cataluña que otra a nivel estatal. Creo que tiene que ver más con el ámbito político que con el jurídico, y esa batalla política debemos darla en las calles y en los espacios públicos.

La prohibición del cannabis viene impuesta desde arriba -la ONU y la JIFE- hacia abajo. ¿Es un requisito cambiarla también desde arriba o debe hacerse también a nivel local, nacional, etc?

Creo que se puede hacer en ambos sentidos. En cada espacio que puede hacerse debemos intentarlo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que buscar los entresijos para sortear la limitación de sus competencias. Esto mismo deben hacer las instituciones locales, pasando por las autonómicas y las estatales. Nosotros lo hacemos en el Parlamento Europeo porque es donde tenemos representación, pero esto no debe implicar que se deje de hacer a nivel local, como se está haciendo en Asturias y también en Cantabria. No hay que renunciar a ningún espacio, no olvidemos que las instituciones pertenecen la ciudadanía. Nada está escrito sobre desde donde ha de venir; a veces la chispa salta desde cualquier esquina y resulta que lo cambia todo.

¿Cuáles serían para ti los límites del autocultivo de marihuana?

Creo que debería estar también regulado, pero no te lo puedo decir porque no depende la opinión de la diputada Estefanía Torres sino del resultado de un estudio riguroso sobre el modelo al que queremos ir.