Que la marihuana posee propiedades beneficiosas para los consumidores es algo que la ciencia está demostrando en los últimos años. Y ello debería ser suficiente para avanzar en la legalización de esta sustancia. Pero, además, existen otros argumentos que fortalecen las posturas regulacionistas; uno de ellos es los importantes ingresos fiscales que las administraciones públicas podrían obtener. Existen numerosos ejemplos de cómo los impuestos de este sector se están invirtiendo en materias tan importantes como la salud, la sanidad o los servicios sociales, con buenos resultados.

Existen argumentos para defender la legalización del cannabis. Podemos citar, por ejemplo, cómo esta sustancia posee propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Además, la regularización permitiría un mayor control sobre el producto y se garantizarían unos estándares de calidad.

Por si esto fuera poco, noticias llegadas desde otros países señalan que el consumo legal de cannabis tiene efectos positivos en el conjunto de la sociedad, gracias a los impuestos que generan. Unos ingresos fiscales que pueden destinarse a cubrir gastos tan importantes como los servicios sociales, la educación o la sanidad, entre tantos otros.

Colorado: casi 1000 millones recaudados en cinco años

Colorado es el mejor ejemplo de cómo utilizar los ingresos fiscales procedentes del cannabis de un modo socialmente responsable. En este estado, las ventas legales comenzaron en 2014, y todos los impuestos que ha generado se pueden consultar en una página web creada a tal efecto.

Desde febrero de 2014 hasta febrero de 2019, el estado ha ingresado casi 950 millones de dólares (unos 841 millones de euros). Esta cifra incluye recaudación de impuestos y tarifas de marihuana médica y minorista. En 2015, el primer año entero en el que se recibieron estos ingresos, la cifra fue de poco más de 130 millones de dólares (alrededor de unos 115 millones de euros). Una cifra que ha ido cada año en aumento hasta alcanzar los 266,5 millones de dólares (unos 236 millones de euros) el pasado 2018. Con estos datos se demuestra que el sector del cannabis se ha convertido en uno de los que más beneficios genera, vía impuestos, para la ciudadanía.

El estado grava con un impuesto del 2,9 % todas las ventas de cannabis medicinal. Además, también se aplica un impuesto al consumo, que desde agosto de 2017 se sitúa en un 15 %. A la recaudación por estos conceptos debe sumarse lo que proviene del otorgamiento de licencias, que de media alcanza el millón de dólares cada mes (unos 887.000 euros). 

El impuesto al consumo se aplica a la venta. Si bien los fondos provenientes de esta tasa siguen una lenta progresión y han alcanzado una cifra que se sitúa entre los 5 y los 6 millones de dólares (entre los 4,45 y los 5,32 millones de euros) mensuales, el impuesto minorista aumenta casi mensualmente y ya genera más de 16 millones de dólares (algo más de 14 millones de euros).

La educación y la sanidad, las grandes beneficiadas

De los casi 1000 millones recaudados en impuestos en estos cinco años, la educación y la sanidad son los sectores más beneficiados en el reparto del pastel. Del total, un 10 % se destina a la administración local en la que se dio la transacción de compraventa. El 90 % restante se divide en tres fondos: el fondo de las escuelas públicas, el fondo general del estado y el fondo de efectivo de los impuestos sobre la marihuana (MCTF, por sus siglas en inglés). Este último tiene la obligación de destinar ese dinero a sanidad, educación para la salud, estudios sobre el cannabis, alfabetización temprana y programas contra el acoso y el abandono escolares.

Son muchas las intervenciones realizadas a partir de estos ingresos, como la restauración completa de una escuela en el pequeño municipio de Deer Trail, con solo 650 habitantes; o los casi 50 proyectos aprobados en el marco del Programa Building Excellent Schools Today (BEST), entre los que se incluye la construcción de 35 nuevos centros escolares en todo el estado.

Otros estados siguen la misma línea

Pero no solo Colorado ha decidido invertir los ingresos fiscales del cannabis en materias sensibles y de alto contenido social.

En 2017, el estado de Washington recaudó casi 320 millones de dólares por la venta y la concesión de licencias. De esa cantidad, la mitad se destinó al Basic Health Plan Trust Account, que tiene como finalidad la provisión de servicios básicos de atención médica necesarios para trabajadores y personas que carecen de cobertura sanitaria. El resto se dedicó a financiar programas de salud pública, de prevención del abuso de sustancias y para los centros de salud comunitarios.

Oregón recaudó entre enero de 2016 y agosto de 2017 casi 109 millones de dólares (unos 96,7 millones de euros). De esa cantidad, más del 90 % se repartió siguiendo una fórmula marcada por la legislación estatal. Así, entre otras cantidades, el fondo escolar estatal obtuvo el 40 %, 34 millones de dólares (alrededor de 30,15 millones de euros); los servicios de salud mental, alcoholismo y drogas recibieron el 20 %, 17 millones de dólares (unos 15 millones de euros); el cuerpo de policía del estado de Oregón percibió el 15 %, 12,75 millones de dólares (unos 11, 3 millones de euros), y la Autoridad de Salud de Oregón se quedó con el 5 %, 4,25 millones de dólares (aproximadamente, 3,77 millones de euros).

Nevada también destina parte de los ingresos a inversión social. De hecho, el 15 % de los recaudado en 2017, aproximadamente 56 millones de dólares (unos 49,66 millones de euros), fue para fondos con los que completar la financiación de las escuelas estatales. Alaska, por su parte, dedicó 12 millones de dólares (alrededor de 10,64 millones de euros) para financiar programas de tratamiento contra la adicción a las drogas y para los centros residenciales comunitarios.

Con estos datos en la mano, parece que se multiplican los motivos por los que reivindicar la legalización de la marihuana. De hecho, se demuestra que avanzar en esa línea es una buena forma de obtener recursos complementarios con los que las administraciones públicas mejoren los servicios a la ciudadanía.